Los parados que hubiesen agotado su prestación o el subsidio por desempleo entre el 14 de marzo, cuando se impuso el estado de alarma, y el 30 de septiembre, cuando se prevé que finalicen los Ertes por fuerza mayor, tendrán derecho a cobrar un subsidio por desempleo durante 3 meses. Así lo está negociando el Gobierno con los agentes sociales, una medida que ya se pactó en el último acuerdo firmado el 26 de junio y que quedó plasmado en el RDL 24/2020 de ese mismo día.
Según la última propuesta presentada de forma verbal por Ministerio de Trabajo a empresarios y sindicatos, la prestación rondaría los 430 euros y los beneficiarios (parados que perderán su prestación en este periodo) se calcula en unos 550.000. Teniendo en cuenta que los tres meses supondrán un coste de 1.290 euros por cada prestatario, arroja un montante para las cuentas del Sepe (Servicio Público de Empleo) de 710 millones de euros.
A la espera de recibir por escrito la propuesta para conocer algunos pormenores, fuentes de los sindicatos apuntan que el espíritu del nuevo subsidio es que aquellos parados con derecho puedan cobrar el subsidio con carácter retroactivo, siempre en función del cuando agotasen la prestación.
En definitiva, la pretensión de los sindicatos, que llevan meses pidiendo este tipo de subsidio según señala Mari Cruz Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, es equiparar los derechos de los parados con los de los trabajadores que han estado cobrando una prestación por estar en un Erte. En el caso de estos últimos, el tiempo se ha detenido mientras han estado cobrando la prestación, y no se tendrá en cuenta si en un futuro tienen que acudir al servicio de desempleo.
Sin embargo, un parado que estuviese cobrando el paro ha seguido agotando su prestación durante todos estos meses generando una cierta discriminación. Además, la realidad es que durante este periodo es muy complicado que hayan encontrado empleo, por lo que los agentes sociales demandaron que se aplicase un periodo de gracia en que no se contabilizase la prestación.
El Gobierno presentó en un principio una propuesta que no fue aceptada por los sindicatos al entender que era insuficiente, frente a la última que les ha hecho llegar telefónicamente. UGT considera que es necesario que se apruebe lo antes posible, para evitar que aquellas personas que se han quedado sin prestación o subsidio no carezcan de ingresos. Su intención fue que se aprobase en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones. Ahora, la pretensión, es que el texto esté acordado y listo para el primer consejo a la vuelta del verano.
Desde CEOE aclaran que el tema se propuso a finales de julio para retomar a finales de agosto. En la patronal matizan que habría que ver el tema de disponibilidad presupuestaria, aunque por su parte no han planteado objeciones al planteamiento inicial.
El pasado lunes 3 de agosto se mantuvo la última reunión de la mesa de negociación abierta entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales que decidió cerrar las reuniones hasta finales de este mes por petición de la CEOE, según apuntas fuentes del Gobierno y sindicales que consideran que los plazos van a ser muy ajustados si se tiene en cuenta que los Ertes finalizan el 30 de septiembre.
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